Los Peligros

CABEMOS

Decía el candidato Rajoy, la semana pasada, que en España no cabían ya más inmigrantes, colocándolos, otra vez, en el origen de muchos de los males del país. Tan temeraria afirmación alimenta peligrosamente la hostilidad creciente hacia quienes, en su mayoría, sólo vienen aquí a trabajar y, de paso, crear riqueza para España. Además, como en las peores discusiones de tabanco, ni siquiera hay que demostrar que lo que se dice es cierto, sino gritarlo bien fuerte. Como desmontar tales soflamas sólo puede hacerse con datos, y esos aburren terriblemente, ganan siempre las bajas pasiones. En este asunto, ni cabeza ni corazón. Ni sentido práctico ni compasión alguna. Como ya se han manejado suficientes argumentos humanitarios para atender las urgencias que provoca la miseria, permítanme que les hable, con cifras, de lo mucho que ganamos con los inmigrantes. Aunque sea una pena tener que tratar este asunto como una cuestión de interés. No sólo cabemos más, sino que necesitamos a los inmigrantes.

Con datos del Observatorio Permanente de Inmigración referidos a 2006, los últimos disponibles, había casi tres millones de extranjeros con tarjeta de residencia, de los que seiscientos sesenta mil eran ciudadanos de la Unión Europea. Dato importante porque sus plenos derechos, de trabajo y movilidad, no vienen de ninguna política de inmigración sino de nuestra pertenencia a ese organismo europeo. En ese año, casi dos millones de trabajadores extranjeros estaban dados de alta en Seguridad Social, lo que supone el diez por ciento de todos los trabajadores. En Cádiz, unos diez mil, suponiendo sólo un 2,65 %. Esos inmigrantes cotizaron a Seguridad Social, ese año, unos 8.000 millones de euros. Como su gasto en sanidad y educación supuso 6.500, tenemos un saldo a nuestro favor de 1.500 millones. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, sumando todos los ingresos de inmigrantes a arcas públicas y restándole todos los gastos que realizan, ese saldo aumenta a los dos mil millones, y se estima que llegue a los tres mil en 2010. Sin embargo, aún hay quien les discute que se hagan una mamografía. ¿Alguien que contribuye, con sus impuestos, a construir hospitales y ambulatorios no tiene derecho, luego, a usarlos?. Sobre este vergonzoso particular añadir que un estudio del Ayuntamiento de Madrid, con gobierno popular, señala que los inmigrantes visitan el médico de atención primaria un 22 % menos que los españoles.

Esa aportación a la Seguridad Social tiene un efecto muy importante. Según el “Informe de estrategia de España en relación con el futuro del Sistema de Pensiones”, se preveía que en el 2015 habría ya más gastos que ingresos, haciendo, a medio plazo, inviable el actual sistema. Con las jubilaciones dentro de lo previsto, el crecimiento en inmigrantes legales está aplazando esa cita para revisar el sistema. También, el que sean, en su mayoría, personas jóvenes y sanas que vienen a trabajar, ha rejuvenecido la población. Casi el 18 % de los nacidos en España en 2006 fueron hijos de padre o madre extranjera. Este aumento de la natalidad supone que, en el futuro, se incorporen nuevas cotizaciones.

Tampoco es cierto que su entrada en el mercado laboral suponga desplazar al paro a los españoles. Según estudios del Instituto Klein para España, la presencia de inmigrantes se concentra en sectores con exceso de demanda laboral, por lo que “los efectos sobre el salario o el paro de los españoles estarían siendo moderados o nulos”. Así piensa también el Instituto Elcano, que dice que la mano de obra española se ha desplazado a sectores más atractivos, dejando puestos libres en la agricultura, entre otros, además de que el actual bienestar de la población española ha creado nuevos puestos en el servicio doméstico. Desde hace años, no hay ningún español demandante de empleo para trabajar como interno en ese servicio. El mismo Instituto realizó un estudio sobre el impacto de la inmigración en la agricultura intensiva de Almería y Murcia. Los resultados: ha descendido la tasa de desempleo, se expandió la producción por la suficiente mano de obra y se han creado nuevas industrias de transformación y nuevos trabajos. Pero explicar todos estos beneficios con cifras, marea. Y nos estropean el discurso catastrofista y xenófobo.

Artículo publicado en "La voz de Cádiz" el 4 de Marzo de 2008

MODELOS DE SOCIEDAD

Lo que hace distintas las próximas elecciones de las de cualquier otra democracia occidental es que aquí nos obligan a elegir entre dos modelos de sociedad opuestos. Con casi treinta años de democracia, aún no tenemos asumido una sociedad donde quepamos todos y donde no se le imponga a nadie nada más que el respeto a los demás. Donde la ley sea sólo una manifestación de ese respeto.

La primera falta de respeto a los electores es tratarlos como si no tuvieran memoria. No se trata de aparecer a ratos amablemente navideños durante la campaña, conteniendo los recientes malos modos por cuestión de imagen, sino de que esa limpieza en la confrontación se asuma como un valor. Es lo que llaman propósito de enmienda. En la pasada legislatura no todos han guardado las mismas formas. La recién descubierta tolerancia del candidato Rajoy sería más creíble si se desmarcara con rotundidad de declaraciones suyas, o de importantes dirigentes de su partido, en las que se ha llegado a cuestionar el leal funcionamiento del Estado. Aunque las recuerda cualquiera, y están impresas, ahora nadie ha dicho lo que ha dicho. Cuando se discute sobre qué es crispación y qué legítima tensión electoral o confrontación de ideas, el límite parece claro: que las críticas no busquen desprestigiar todo el sistema político. Que practicar la desestabilización, desde la política o desde los medios de comunicación, no le suponga a nadie un buen negocio.

Durante cuatro años se ha calumniado a policías y gobierno insinuando la pasividad, complacencia o hasta la participación activa en el atentado del 11-M. Tampoco el juez instructor, la fiscal o el mismo tribunal juzgador se han librado de que cualquier ignorante vertiera acusaciones sobre su competencia. Como si no tuviera valor alguno el voto de once millones de españoles, se ha venido calificando a Zapatero como “presidente por accidente”. Hasta en sede parlamentaria se ha dicho que “llegó en un tren”, en una desgraciada imagen que, al parecer, a algún meritorio candidato gaditano le parece muy graciosa para repetirla ahora en campaña. Se ha presentado a ese mismo gobierno en connivencia, compadreo e incluso coalición con ETA. De la barbaridad de radiar que los terroristas se sentaban en el Consejo de Ministros se pasó a decir, por el ahora angelical candidato popular, también en el Congreso, que el gobierno trataba mejor a los etarras que a sus víctimas. En estos años, se ha dicho que los socialistas querían (un verbo de intenciones) romper España y la familia, y hasta reabrir la Guerra Civil. Sin respetar la voluntad popular básica de poder elegir gobierno, se ha usado el Poder Judicial como órgano opositor partidista, negándose a su renovación porque “no garantiza la actual composición”. El desprestigio llega a instituciones fuera de la lucha política. Se duda de las cifras del Instituto Nacional de Estadística, aunque lo siga dirigiendo una mujer nombrada por ellos y sigan usando esos mismos datos cuando les son favorables. En un alarde de patriotismo y apoyo a nuestra economía, que sin duda agradecerán los competidores extranjeros de los bancos españoles, se dice que el Banco de España “oculta la mala situación financiera de las entidades españolas”. Todo vale. Tierra quemada.

Después de negar este estilo de oposición se hace, ahora, un llamamiento al consenso. Se evitan citar expresamente en el programa las derogaciones de leyes, la supresión de derechos, los grandes cambios. El problema es que siguen ahí, en los mítines, donde se ofrece otra sociedad. A la privatización de la sanidad se llegaría por la vía de los hechos, como pasa ya en Madrid o Valencia. Pero si, ganadas las elecciones, se rebaja el título de matrimonio a los homosexuales, se les retira el derecho de adopción, se suprime una educación cívica, se impone la presencia de la religión particular de los católicos en la vida pública, se exige una moral o unas costumbres obligatorias, se meten niños en la cárcel, se aplaza la reparación a las víctimas de la dictadura o se sigue viendo con comprensión ese régimen que encarcelaba o le destrozaba la vida a quien no pensase como ellos, entonces estaríamos cambiando de sociedad. Nada menos.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 26 de Febrero de 2008

MENTIROSOS, ZOTES Y EQUIVOCADOS

Es demasiado generoso el diccionario cuando define la mentira como una expresión contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Ahí caben por igual el miserable que el ignorante: quien miente intencionadamente para engañar a alguien que el pobre hombre que se lo cree todo o que es un zopenco. Léase también en femenino. Naturalmente todo el mundo miente para obtener un beneficio. Por eso a las mentiras habría que juzgarlas, una a una, no por su rendimiento sino por su intención.

En lo que llevamos de campaña (es decir, cuatro años) se viene abusando de la mentira, en sus diversos significados, para tapar las vergüenzas propias o para esconder logros del adversario. Como niños chicos, nadie admite haberse equivocado. Y lo que es peor, si alguien tiene la honestidad de reconocerlo, le bajan cinco puntos las encuestas. Preferimos líderes que no asuman su responsabilidad nunca pero tengan discursos contundentes, ni siquiera bonitos: niños en la cárcel con doce años, discriminación de derechos, moral obligatoria. ¿Los preferimos?.

Llevamos una semana en la que medio país se ha despertado filólogo para sentenciar que la tensión que pide el presidente Zapatero es sinónimo de crispación. Da igual que esa palabra defina mejor un estado de ánimo de excitación y esfuerzo que de pelea. Ni importan las propias explicaciones dadas: quienes se creen en posesión de la verdad están sobrados para interpretar lo que digan los demás. Se repite hasta la saciedad esa interpretación y luego, dada por cierta, se le destroza. Ya se hizo cuando el presidente dio noticia de conocer contactos entre entidades internacionales, nunca enviados propios, y ETA después del atentado de la T-4. Eso lo convirtió la oposición y medios afines en una autorización de los mismos, que pasaron a ser negociaciones políticas y, de ahí, un paso insidioso más para acusar al presidente de mentirnos por seguir negociando cuando había dicho ya que se habían acabado. Desde entonces, cualquier político popular da por cierto que el presidente mintió. Decía Goebbels que una mentira repetida suficientemente acaba por convertirse en verdad. Pero el hecho de que los estrategas electorales del PP practiquen diversos principios de la propaganda nazi (enemigo único, exageración y desfiguración, vulgarización, silenciación) no lo convierten en tal. Ven, decir eso sería mentir.

No es cierta la afirmación del candidato Rubalcaba de que Rajoy ha sido el peor ministro de Interior de la democracia, lo que supone la terrible injusticia de hacer bueno a Acebes. Aunque nunca sabremos si es una mentira en el sentido de haber dicho lo contrario de lo que cree. El candidato Román, en cambio, sí debe pensar, como dice, que Zapatero es una bendición para la Bahía, si se quiere un juicio de valor que lo ensalza hasta lo divino, lo que ciertamente es una exageración confesional. Los candidatos andalucistas aseguran “Yo voy”, un hecho, no sé si cierto o no, que hasta ahora sólo ha ensuciado con pegatinas los suelos y las paredes de nuestros pueblos, en una actitud incívica que extraña en quien quiere gobernarnos.

La candidata-alcaldesa Martínez ha manifestado su indignación contra los artistas que, según ella, han llamado turba mentirosa a los populares. Sorprende que para desmentir que la llamen mentirosa emplee mentiras como convertir la declaración de un artista concreto (Cuerda) en la de todos o decir que los populares gobernaron sin negociar con terroristas, hecho que está en las hemerotecas. No sé si realmente piensa, o miente, que esos artistas piden votar socialista para cobrar el canon digital. Como pensamiento propio es bastante pobre. Es como pensar que la televisión municipal le paga, con dinero de los gaditanos, a Jiménez Losantos para que desde ahí pida el voto para ella. Qué feo. Y un dato para los que acusan de comprar voluntades: el canon digital supone un gasto de 110 millones de euros al año. El fondo de compensación para los afectados de FORUM-AFISA, los que gritaban idiota a Zapatero, que lleva el PP en su programa serían 1.109 millones, diez veces más. Un dinero público que discrimina a los que guardaron sus ahorros en bancos, más seguros pero con menos beneficios. Muy injusto.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 19 de Febrero de 2008

LA BURBUJA DEL DOCE

Nos alegrábamos la semana pasada porque el proyecto del Memorial de las Libertades encontrara una ubicación definitiva en el castillo de San Sebastián, con lo que empiezan a encajar las piezas de lo que debería ser, en el 2012, el relanzamiento anímico, cultural e industrial de la Bahía de Cádiz. Pero, a menos de cuatro años, no se ha conseguido aún una implicación popular en esa celebración.

Ese trabajo de ilusionar a la población con una esperanza común, además a plazo fijo, debe ser muy riguroso con lo que se promete para no frustrar las expectativas creadas. No hay que aburrir a nadie. Ilusionar no es hacer ilusionismo. A estas alturas sobran los juegos de manos de proyectos que aparecen y desaparecen, de ideas que se lanzan sin aclarar quién va a pagarlas en su momento o de pedir el imposible más gordo para decir luego que nos marginan. Gran parte de la implicación popular en el Bicentenario, la que debe darle su sentido, depende de que los proyectos anunciados sean creíbles, posibles de cumplir y pasen a ser pronto una realidad. Por eso me preocupa la inconsistencia de algunas iniciativas del Ayuntamiento de Cádiz. Tan endebles que pueden llegar a convertir la importante pata municipal del Bicentenario en una inflada burbuja de aire. Proyectos que son pompas, en su sentido teatral de acompañamiento suntuoso de la función y, a la vez, fuelles huecos. Repasemos.

Aunque, desde hace meses, se ha venido diciendo que junto al Memorial iba a crearse en Cádiz una delegación (antena) del organismo Casa de América, el Ayuntamiento ha seguido anunciado su propia “Casa de América”, sin ninguna relación con quien viene utilizando legalmente ese nombre desde 1990. No es hasta la semana pasada cuando parece caer en la evidente confusión y el Ayuntamiento cambia el nombre de su proyecto por el igualmente dudoso de Casa de Iberoamérica. ¿Renuncia el Ayuntamiento a establecer relaciones con los países americanos que no son Iberoamérica pero que tanto contribuyeron, por ejemplo con su trigo, a que comieran los gaditanos sitiados en 1812?. Aparte de este desliz histórico, parece incomprensible, salvo por provinciano afán de protagonismo, que se quiera competir con el prestigioso consorcio de la auténtica Casa de América, donde está el Ministerio de Asuntos Exteriores, en lugar de colaborar con ella. Para más despropósito se propone como sede del sucedáneo la antigua Cárcel Real. Un edificio pensado para esa utilidad, cuando los presos no tenían derecho de queja, que ha tenido que ser abandonado por la Junta de Andalucía porque la humedad lo hacía inviable como edificio de oficinas judiciales. ¿Qué plan de saneamiento, en el que no han caído los expertos de la Junta, piensa aplicar el Ayuntamiento para hacer habitable ese edificio?. ¿Quién va a pagarlo?.

Cuando hace ya cuatro meses que la nueva ley autonómica de museos exige un Plan museológico para conservar esa categoría, sigue sin presentarse el del Museo de las Cortes de Cádiz. En riesgo de pasar legalmente a simple colección museográfica. No sólo no se ha adquirido ningún fondo nuevo con vistas al Bicentenario sino que, en este tiempo, se ha descapitalizado en mudanzas. La sala de realidad virtual del Cádiz Civil del XVIII se desplazó desde allí al Torreón de Puertas de Tierra y algunos de los retratos expuestos pasaron al también por llenar Centro Reina Sofía.

Aunque el importante Teatro de Títeres de la Tía Norica acumula un retraso camino ya del año y no se ve un horizonte claro de acabarlo, se anuncia un Museo Iberoamericano de Títeres, del que naturalmente no se tiene aún nada que exponer, a varios kilómetros del primero. La incongruencia es mayor porque en el mismo Teatro se anunció un espacio expositivo propio, con muñecos y escenarios de la compañía gaditana, a pesar de que los originales antiguos se exponen muy dignamente en el Museo de Cádiz. Si ese Teatro va a ser sede de un Festival Iberoamericano, ¿no es más razonable exponer ahí los títeres que desde allí nos cedan?. En lugar de apostar por un único proyecto fuerte se prefieren varios pequeños. Que parezca que se hacen muchas cosas aunque no destaque ninguna. Demasiadas burbujas.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 12 de Febrero de 2008

EL MEMORIAL ENCUENTRA CASA

Como una gran noticia hay que recibir que el Presidente del Consorcio del Bicentenario concretara el uso del castillo de San Sebastián, después de que sea rehabilitado. Es importante que, a sólo cuatro años, los proyectos que se presenten sean no sólo capaces de ilusionar sino, sobre todo, posibles de realizar. El uso propuesto no es el disparate municipal de un pastiche arquitectónico a manera de montera ultramoderna sobre el castillo, ni lo quiere convertir en un auditorio multitudinario con el peligro de un único acceso. Al contrario, parece razonablemente compatible con la protección del dominio marítimo terrestre donde se encuentra, proporciona ese hito emblemático de la celebración que se ha venido pidiendo desde el principio, da un contenido al patrimonio restaurado y hace, finalmente, viable el Memorial de las Libertades, hasta ahora el único proyecto en firme con intención de continuar funcionando después de 2012. En todos estos sentidos, es una buena iniciativa. Recibida con distintas valoraciones políticas.

Curiosamente, los mismos que defienden una idea monolítica de lo que debe ser el Consorcio para el 2012, resaltan las distintas posturas previas de sus miembros, como las dudas de algunas administraciones gobernadas por socialistas sobre si restaurar este castillo dentro de los edificios relacionados con el Bicentenario o hacerlo más adelante con otros fondos. Estas dudas de procedimiento, públicas en todo caso, les parecen más importantes que la decisión final tomada dentro del Consorcio. Ese apoyo es tan fundamental que, dicho claramente, sin él no se hace. La rehabilitación depende de que la autorice Costas, propietaria además del edificio, y de que lleguen fondos de las Administraciones Central y Autonómica. No de que lo pida el Ayuntamiento. Parece razonable que sea quien preside el Consorcio quien presente el proyecto, pues suya es la propuesta. Ahora será ese órgano, en su totalidad, quien deba afinarla. Pero ha de entenderse que cada miembro tenga sus propias iniciativas y que administre cuándo las hace públicas. Especialmente en un contexto donde hay tan poca consideración con la autoría de las ideas de los demás.

Sobra el enfado del Ayuntamiento, más pendiente de adjudicarse el origen de todo lo que se propone, ajeno o propio, que de valorar un beneficio para la ciudad. Sobra que, en ese enfado, argumente su derecho a opinar (que, por supuesto, lo tiene), basándose en que el Ayuntamiento “representa democráticamente a los gaditanos”. Vuelve así la alcaldesa Martinez a repetir un viejo error, como cuando negó credibilidad democrática a los ministros por no ser elegidos en las urnas. La función del Ayuntamiento es el gobierno y administración municipal, con importantísimas atribuciones pero en ningún lugar de la legislación se dice que, entre ellas, esté representar a los ciudadanos. Éstos están representados en los distintos Parlamentos, con elecciones distintas que tienen resultados distintos. Nadie puede arrogarse el nombre de Cádiz en exclusiva en una sociedad plural. El respeto que se exige debe ser recíproco.

En este camino hemos perdido, por la intransigencia religiosa de unos pocos que también entienden la Historia de manera excluyente, la posibilidad de que el símbolo evidente del Bicentenario, el Oratorio, pasara a ser su símbolo emocional. Y hace falta un símbolo emocional si queremos implicar a la gente. Al Consorcio le queda un trabajo difícil: conseguir que el castillo, ajeno a los grandes hechos de 1812 pero no a su vida cotidiana, sea ese símbolo. No es baladí vincular la ciudad al mar. Por ahí entraron las riquezas de su época más esplendorosa, por allí entró América en Europa y por el mar sobrevivió esta ciudad al bloqueo francés recibiendo los alimentos que le faltaban. Pero esa identificación emocional sólo puede hacerse desde el respeto escrupuloso a la propia historia de la ciudad.

Rechazadas las propuestas megalómanas que nos falseaban, el nuevo proyecto debería conservar los vínculos afectivos que unen a los gaditanos actuales con ese castillo. En el 2012 debe cumplir casi cien años el Faro de Cádiz, el segundo que dispuso de alumbrado eléctrico de España y el único de estructura metálica que sigue aún en pie. Aunque se construya al lado otro mayor, no vayamos a sacrificarlo en la rehabilitación. Sería no entender qué identidad queremos celebrar entonces.

[Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 5 de Febrero de 2008]

ABORTOS EN CÁDIZ

Aunque es evidente que la intención de la ofensiva de la jerarquía católica, y de diversos grupos que se creen con la exclusividad en la defensa de la vida, es evitar el ejercicio de un derecho legalmente reconocido, han conseguido, al menos, hacer visible la realidad del aborto. Durante años, sin que se hablase de ello, casi en una semiclandestinidad que muchos querían vergonzosa, se han venido practicando abortos. También en Cádiz. El debate sobre el aborto, con una débil argumentación científica que da por presupuesto cuál es el origen de la vida, suele rondar alrededor de la moral, pero decide ignorar qué problemas llevan a una mujer a abortar.

Publicaba La Voz que, en 2006, abortaron en Cádiz 2100 mujeres, de las que 403 eran niñas y adolescentes de 10 a 19 años, 72 menos que el año anterior. Detrás de esos datos hay otros tantos dramas personales y el fracaso de toda la sociedad para practicar una sexualidad responsable. Es decir, informada. Lúdica, divertida, segura, libremente elegida, reproductiva sólo cuando así se decida. Lo que lleva a callejones sin salida es estar en contra de la prevención de embarazos por la información y los medios anticonceptivos, porque dicen que incitan al consumo sexual, y criminalizar después a las víctimas de esa falta de información y medios. Toda una encerrona que merece alguna solución más realista que la católica invitación a la castidad, que estará muy bien para quien la elija pero no para los demás.

Falta que se haga esa abstracción de la moral para reconocer al aborto como la intervención quirúrgica que es. Es decir, algo doloroso, no apetecido por nadie. A ninguna mujer le gusta abortar. El Tribunal Constitucional se pronunció, en sentencia de 1985, diciendo que el aborto provocado está dentro de la Constitución, y en 1999, aclarando que “los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento constitucional como titulares del derecho fundamental a la vida”. Difícilmente pueden ser las mujeres que abortan, como se las calumnia, ni asesinas ni estar contra la vida.

El debate sobre cuándo comienza la vida omite, interesadamente, que hablamos de vida autónoma. Evidentemente, una célula de una persona está tan viva y es tan humana como su páncreas, pero ni una ni otro pueden sobrevivir por separado. También el feto, aún estando en ese mismo sentido vivo, no deja de ser sólo una posibilidad futura de vida autónoma. De momento, una parte del cuerpo de la mujer. Ya dirá la ciencia, con cada progreso científico, cuándo esa posibilidad se convierte en vida segura. Mientras, la madre elige entre su propia vida y la posibilidad de otra vida. No diré que, en esta simplificación, esa elección sea como decidir operarse un órgano importante pero sí que merece el mismo respeto. Nadie está a favor del aborto, como nadie se declara partidario de las endoscopias. Lo que se defiende es poder decidir sobre lo que aún es el propio cuerpo y sobre el mejor momento para la propia maternidad. Sobre la vida, en suma.

El 97 % de los abortos realizados, dentro de los tres supuestos despenalizados, fueron por peligro para la salud de la madre, que no exige plazos. Lo que hace sospechar que detrás de esta supuesta persecución del aborto ilegal está sólo una coacción sobre el legal. Un abuso del derecho para dar un escarmiento moral.

Para abortar es imprescindible una autorización explícita de la mujer, que en las menores firman sus tutores. Nadie las puede obligar a abortar. Es en el ámbito exclusivamente privado donde la mujer decide eso, de acuerdo con su propia moral. Entiendo que quien sea católica no aborte nunca pero, ¿por qué se le quiere imponer un mandamiento católico a quien no lo es?.

Me cuentan que, recientemente, vieron en una de esas cuatro únicas clínicas que realizan abortos en la provincia de Cádiz a chicas muy jóvenes que estaban allí solas. No las acompañaban sus tutores, que habían firmado esa intervención. Esa moral obligatoria que algunos reivindican no hace más que añadir aislamiento social e incomprensión a una decisión personal difícil. Y no deja de ser una intromisión intolerable.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 29 de Enero de 2008

CANDIDATA

Se realizó la presentación de la alcaldesa Martínez como primera candidata popular al Congreso. También el alcalde Barroso aspira a diputado. La decisión de incluir a un cargo público municipal para ocupar, al mismo tiempo, otro cargo público a setecientos kilómetros de distancia no dejará de ser legalmente posible pero me parece chocante. Se supone que ambas actividades son lo suficientemente importantes como para exigirles una dedicación completa. Y se supone que, ya sea gestionando fondos públicos como legislando, es un trabajo que hacen voluntariamente, que no gratis, para nosotros. Básicamente, eso, un trabajo. No un concurso de fotogenia. Parecen listas elaboradas con criterios comerciales, como el que vende una marca. Muchos partidos convierten eso tan ambiguo del “tirón” electoral en el argumento decisivo, más que la profesionalidad del trabajo a realizar, para preferir un nombre a otro. Esa elección transmite al ciudadano la poca confianza que se tiene en la propia plantilla para resolver y administrar. Todos, incluido el votante, necesitan un tutor. El peligro del modelo del superhéroe que gestiona lo público, estando en todas partes y tapando todos los agujeros, es que cuando se van parece que todo se va a venir abajo. No es así, pero mucha gente se lo cree.

No sé el efecto que la inclusión de la alcaldesa Martínez tendrá en los resultados que obtenga ahora su lista. Apenas fueron perceptibles en el pasado. Cuando se presentó a las elecciones autonómicas del 2000, con cuatro años ya de alcaldesa de Cádiz y siendo entonces candidata a presidir la Junta, sólo aumentó siete mil votos en la provincia, de los que perdió dos mil en las siguientes elecciones, de 2004. En éstas últimas, su lista obtuvo diez mil votos menos que la presentada por los populares a las elecciones generales, celebradas a la vez. La interpretación de este rechazo de su propio electorado no deja de ser especulativa, pero me atrevo a opinar que debe tener su origen en la propia política localista, egocéntrica, con que gobierna la ciudad de Cádiz. En su gestión ha habido restricción de derechos de uso de instalaciones a los no gaditanos (buhobus) o propuestas en ese sentido (limitación del uso de piscinas municipales), declaraciones ofensivas sobre los embotellamientos de tráfico y otras incomodidades ocasionados por no empadronados, desconfianza hacia los censos de las poblaciones cercanas, una política de transportes públicos aislada de la de las restantes poblaciones de la Bahía o la misma amenaza de salir de esa Mancomunidad por exclusivos intereses partidistas. Como es, literalmente, la cara de esa política aislacionista, que cree tan rentable dentro de la ciudad, se gana antipatías fuera. Ya veremos.

Por lo mismo, su anuncio de que va a repartirse entre ambos destinos, puede inquietar a sus partidarios. Aunque ya fuera diputada nacional durante once años, sólo compatibilizó la alcaldía durante cuatro, desde 1996 al 2000, tiempo en que gobernaba en Madrid su partido. Este dato es importante porque sólo en ese supuesto se cumple que un alcalde diputado pueda obtener alguna influencia añadida para su ciudad. Hecho, además, que es muy incómodo de explicar en el resto de la provincia: que ahora se les pide el voto para conseguir más cosas en la capital. Es lo que anuncia la propia alcaldesa Martínez al decir que, como diputada, “podré estar más encima de los temas relacionados con el 2012”. Lo que, por otra parte, supone una declaración explícita de que la parte importante de esos temas se dispone realmente en Madrid, y no aquí, como venía defendiendo.

La condición de diputada impone, entre otras incompatibilidades, la de no poder tener cargo alguno en ninguna empresa pública. Esta circunstancia ya la obligó a dimitir, en febrero de 1997, de la presidencia de Puerto América. Y es una limitación que la ley le impone a una posible, o en el futuro conveniente, necesidad de la ciudad. Tampoco se dice quién va a ejercer realmente la alcaldía de Cádiz los días que tenga que asistir, como un deber de diputada, a los Plenos y a las comisiones a las que pertenezca. Ese tiempo se lo quita a la labor para la que fue elegida. Toda una dejación de responsabilidad.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 22 de Enero de 2008

QUINCE MESES DE ATASCOS

Sólo quien gobierna contando con la acostumbrada resignación gaditana puede permitirse presentar, sin dar otra alternativa que la de aguantarse, la obra de ampliación de un aparcamiento y creación de otro que va a cortar al tráfico una de las dos entradas al casco histórico de Cádiz durante quince meses. Así, después de sesudos estudios, alguien que debe conocer bien la ciudad ha decidido que esos vehículos privados que antes se desviaban por la avenida del Puerto se sumen ahora, con las obras, a los que ya colapsan diariamente el Campo del Sur. No hay que ser adivino para temblar ante la que nos viene encima. Y la situación es especialmente grave porque ni lo que ganamos con esos aparcamientos justifica ese sacrificio, ni el Ayuntamiento aporta gran cosa para suavizarlo.

De los dos aparcamientos, el nuevo de la plaza de la Hispanidad, con casi quinientas plazas y más apartado de la circulación principal, podía haberse ejecutado ahora, sin desbaratar el tráfico. La ampliación de Canalejas nos parece ridícula. Es un proyecto que, como suele ocurrir, se presentó muy ambicioso para quedarse en miniatura. Las más de 400 plazas anunciadas al principio por la alcaldesa, se redujeron a 240 cuando la Mesa de Contratación y Compras del Ayuntamiento adjudicó la obra a Interparking Hispania en junio de 2006, con una sóla planta por problemas técnicos con los niveles freáticos, frente a las 480 plazas, en dos plantas, que ofertaba la competidora Protomed, no sé si posibles pero cifra más cercana a las exageradamente optimistas previsiones iniciales. Esas plazas se redujeron, otra vez, a “un mínimo de 125” al firmar la alcaldesa la concesión, en diciembre de 2007. Así que, básicamente, se va a colapsar la ciudad por poco más de 125 plazas. Que ni siquiera resuelven la actual lista de espera de 200 abonos mensuales para Canalejas. Y, lo que es peor, supone hipotecar para uso privado ese terreno por cincuenta años, lo que hace inviable el proyecto más atractivo de soterrar el tráfico por ahí, consiguiendo un enorme bulevar que llegaría al mar cuando el puerto pueda liberar el Muelle Ciudad. Que la idea, aunque buena, fuera socialista parece que la condena al ostracismo. Esa cifra está también muy lejos de las plazas en superficie, estas gratuitas, que se han perdido en estos años de frenético amueblar la ciudad. Las últimas, al colocar en hilera, y no paralelos, los diversos contenedores de residuos.

Tampoco se dice cómo va a afectar a este problema el inicio de las obras del importante aparcamiento bajo la plaza Sevilla. Porque es de suponer que esa obra tan urgente, y que tanto se acusa a los demás de retrasarla, comience antes de estos anunciados quince meses de atascos.

El Ayuntamiento propone desviar por el interior del puerto el tráfico de coches oficiales, taxis y autobuses interurbanos, sin explicar por qué no siguen también por ahí los urbanos, condenados a acabar sus rutas en la (por remodelar) plaza Sevilla. De hecho, ante la inminencia de los atascos, no hay ninguna propuesta de reforzar el transporte público. Al contrario, se interrumpen o acortan líneas de mucho uso. ¿Cuánto tiempo empleará el autobús que circula por el Campo del Sur cuando se desvíen allí todos los tráficos?. La anunciada alternativa de crear una vía de entrada por Ramón de Carranza y otra de salida por San Juan de Dios, se ha quedado en abrir una ruta exclusiva para residentes. Esta nueva categoría social divide en dos a los gaditanos y aparta a los visitantes, en otra afortunada iniciativa de apoyo a la capital del comercio excluyente. Plantea problemas, no sólo a la policía local encargada de desenmascarar a los intrusos que circulen por donde no les corresponde. Si por residente se entiende quien esté empadronado en el casco antiguo, quedan fuera los miles de gaditanos que trabajan diariamente allí, o los que, por lo mismo, tienen a sus hijos en colegios de esa zona. Tampoco los residentes “legítimos” podrán ser visitados, por esta ruta, ni por familiares ni amigos ni clientes. Todos discriminados a ir andando o quedarse en el atasco. Y nos dirán que lo hagamos por Cádiz.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 15 de enero de 2008

EL PEQUEÑO COMERCIO

Se han quejado diversas asociaciones del pequeño comercio del descenso de ventas en las pasadas Navidades. El que ésta sea su temporada alta ya sirve como indicador de una crisis que se agrava aún más en otros meses. Al contraponer el modelo del comercio tradicional frente al de las grandes superficies estamos, en realidad, enfrentando el modelo de ciudad europea, donde conviven las viviendas con los lugares de trabajo, frente a la americana, a la que sólo se va a trabajar. Este hecho, suficientemente explicado ya, de una ciudad permanentemente viva frente a otra que se “apaga” por las tardes y noches, es lo que nos jugamos a la hora de elegir libremente dónde queremos gastar nuestro dinero. Resalto la evidencia porque en todo este asunto abundan las contradicciones: hay consumidores que quieren comprar fuera de la ciudad pero encontrarla animada cuando pasean por ella, comerciantes que quieren que se les compre a ellos pero no modernizan sus ventas y Ayuntamientos que no saben lo que quieren, salvar al pequeño comercio pero sin renunciar a las plusvalías de autorizar cada vez más grandes superficies. Y, claro, hay que elegir.

Se ha asumido que la labor municipal es contribuir a la animación de las calles y apoyar la publicidad de las ventajas del comercio tradicional. Para lo primero se opta por una iluminación repetitiva, nada original, poco respetuosa con las recomendaciones de ahorro de energía y que dudo mucho aporte algún entusiasmo añadido a las compras. A la vez, y como un mal inevitable, se desvalorizan monumentos históricos con el salvaje añadido de recortables navideños, como ese árbol atornillado a las Puertas de Tierra de Cádiz. Esas mismas autoridades municipales calificarían de gamberrada que alguien, en cualquier otra época del año, taladre ese monumento para poner un colgajo. Tampoco la programación cultural ha hecho nada extraordinario para atraer visitantes distintos. Y ahí entramos en la pésima labor publicitaria con la que un Ayuntamiento como el de Cádiz ha afrontado esta campaña. A la defensiva.

Parece como si toda la publicidad buscara que los habitantes de Cádiz no se marchen a comprar fuera de la ciudad, en lugar de una ofensiva por atraer nuevos compradores. Se autoproclama Capital del Comercio, sin molestarse en explicar qué quiere decir eso, si significa algo más que otra coletilla vacía para el permanente manual de autoayuda municipal, porque toda la campaña de vallas se realiza sólo dentro de la ciudad. Naturalmente, a menos población, menos clientes. Como se ha dicho, hay que buscarlos fuera. Y no se trata de salvar el comercio capitalino a costa de hundir el de las otras poblaciones gaditanas de la Bahía porque, insisto, el enemigo está en las grandes superficies, sino de que, también en el comercio, se empiece a pensar con voluntad de Bahía. Desde la sana competencia pero también desde la complementariedad. Sería crecer en el asociacionismo que ya practican los comerciantes. Si el futuro del comercio tradicional es la especialización, ¿qué tienen de diferentes los comercios de Cádiz y los de las otras poblaciones?. El contexto de la ciudad. De cada ciudad. Que deben vender juntas esa ventaja.

Quedaría, por supuesto, eliminar las desventajas (que existen) del comercio tradicional frente al estandarizado por grandes firmas: no tantas en los precios como en ofrecer un horario continuo e información de la disponibilidad de lo que se busca. No se aprovecha bien la discriminación, a favor del pequeño comercio, de horarios y apertura en festivos, concedida por la ley de 2004. Frente a las restricciones a las grandes superficies y a los que operan con el mismo nombre comercial de grandes empresas, el comercio tradicional de pequeña superficie posee libertad absoluta para decidir, por ejemplo, descansar otro día de la semana y abrir todos los fines de semana completos. También el Ayuntamiento podría dedicar toda esa publicidad sin contenido a dar a conocer qué puede obtenerse en la ciudad y dónde. Un mapa que, como a la entrada de los centros comerciales, ubique cada tienda y oriente al cliente. Que, con más seguridad de encontrar lo que busca, seguramente vuelva a comprar donde más le conviene.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 8 de enero de 2008

MÁS PARTICIPACIÓN

En esta semana han pasado por Cádiz personas tan importantes de la política nacional como el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno, el pleno de la Comisión Nacional del Bicentenario, un ex ministro de Interior, el candidato de la oposición a la Junta o el actual portavoz parlamentario del grupo socialista en el Congreso. Aunque la mayoría no viniera a actos abiertos a cualquier público, sorprende la indiferencia con la que se vive aquí, a pie de calle, ese contacto directo con la alta política. Ni siquiera se han podido leer cartas a la directora haciéndoles llegar, ahora que estaban más cerca, alguna petición o queja. Como no se puede decir, fundadamente, que esta ciudad o la misma sociedad han llegado ya a la perfección, ese bajo perfil político tiene más de alejamiento que de satisfacción. Estoy convencido que hay prácticas, como la crispación, que buscan deliberadamente agotar la paciencia de los ciudadanos para alejarlos de la política. Pero conseguir ganar la mayoría con una gran abstención tiene dos debilidades: matemáticamente no es tan sólida como parece pudiendo cambiar, a poco que fallen los apoyos, de una a otra elección y, en especial, no suponen ningún liderazgo social como para pedirle a los gobernados algún sacrificio. En Cádiz, donde parece que todo lo que se debe hacer por la ciudad debe girar alrededor del 2012, y se presenta casi como un fracaso lo que materialmente no da tiempo de hacer antes, ha venido Cuauhtémoc Cárdenas, quien si no fuera por un enorme fraude electoral debió ser presidente de México, y tuvo veinticinco espectadores. Es un dato para reflexionar.

Parece claro que a los gaditanos no les interesó escuchar a tan importante personalidad. Y eso es así por dos cosas: porque hace años que vienen oyendo que la política es algo despreciable y aburrido y porque, aún, nadie les ha explicado cómo es posible que alguien desinteresado de la política actual deba mostrar mucho entusiasmo por la política de 1812. Y no se lo explican porque es imposible.

Se viene diciendo que hay que implicar a los gaditanos en el Bicentenario, pero no sé cómo se puede conseguir esa participación negándosela en el resto de actividades políticas. Esta misma semana, en unas Jornadas organizadas por once asociaciones que habían presentado en verano alegaciones al Avance del PGOU, se quejaban de que el Ayuntamiento de Cádiz ni siquiera les había contestado aún. ¿Cómo se puede interesar a los ciudadanos si, cuando su opinión es crítica, no se cuenta con ellos?. ¿Para cuándo un órgano de Participación Ciudadana que controle que el reparto de subvenciones no castiga a las asociaciones de vecinos más críticas?. Sin embargo, la alcaldesa Martínez adula en sus declaraciones, como un valor, que los gaditanos tengan ahora más espíritu crítico. ¿Siempre que no lo usen con ella?. Para empezar habría que decir que si se celebra el Bicentenario de una Constitución estamos celebrando lo que fue un acto político. Se huye de esa palabra. No es una feria ni una Expo ni el Festival Iberoamericano de todo cuanto se nos ocurra, como cada sector propone en su peregrinaje al Lourdes del Consorcio, sino la celebración de un acto político antiguo del que, críticamente, nos alegramos porque de aquellos lodos vienen estas libertades. Por supuesto, ese acto se puede celebrar con la festividad que por aquí se acostumbra, y servir de coartada para mejorar las comunicaciones, poner en uso razonable el castillo San Sebastián, rehabilitar edificios, reinventar nuestras relaciones con América, convertirnos en destino de turismo emocional, mejorar el empleo y, por qué no, aumentar nuestra autoestima con el conocimiento de nuestra historia. Entiendo que sea más fácil de explicar todos esos beneficios inmediatos que el más inmaterial de la participación.

En esa época, había quienes querían que el Rey (y ellos mismos, por supuesto) siguieran encargándose de todo. Y quienes, liberales en una zona y afrancesados en la otra, querían más participación en la vida pública. Parece un cuento. Pero llevamos doscientos años escuchándolo. Mientras, en Cádiz, un millón seiscientos mil puntos de luz nos adormecen en un mundo feliz por imaginario que, más que sonreír, se carcajea del cambio climático.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 18 de diciembre de 2007

HIJOS DE LA LOGSE

Llevamos una semana escandalizados por el bajo nivel educativo de nuestros adolescentes, denunciado por el mediático Informe PISA. Echo de menos dos cosas en esta ola de indignación colectiva por el nivel de la educación en España: que alguien empiece por mirar con sentido crítico el propio Informe, situándolo en su verdadera dimensión, y que, una vez clara ésta, dejemos de echarle siempre la culpa de lo que falle a los demás y, cada uno, reconozca lo que por su parte está haciendo mal.

El Informe PISA, realizado por la OCDE, no evalúa el nivel académico sino los conocimientos y destrezas de alumnos de 15 años en tres campos (matemáticas, ciencias y competencia lectora) considerados claves para integrarse en la vida adulta. El tipo de pruebas que realizan favorece, así, los sistemas educativos de currículos flexibles orientados principalmente hacia aplicaciones prácticas. En el caso de las matemáticas, por ejemplo, a los alumnos españoles se les exige dominar conceptos teóricos y destrezas de cálculo, no tan valoradas en las pruebas PISA. Quienes reclaman una educación más memorística, como la anterior a la LOGSE, deberían saber que obtendrían peores resultados en estas pruebas. El Informe desprecia el valor educativo de lo que no evalúa, como si todo lo que está fuera de esos tres campos no midiera también la educación de un país. De hecho, ignora los objetivos educativos que cada país se fija ni lo que éste considera importante que sus alumnos terminen sabiendo. Al situar a cada país con respecto a la media, a la OCDE, un organismo de desarrollo, le interesa saber cómo pueden integrarse alumnos de distintos países en los de su entorno. Lo que figura en los medios, en cambio, es una especie de clasificación de los países (y ahora también las autonomías) como “superventas” de la educación, que “deben” luchar entre sí para conseguir subir en la tabla. Así que, ahora, toca disfrutar de una Liga de Campeones de la educación. Todo sea por el espectáculo. Finalmente, medir la educación sólo con criterios económicos, de mayor o menor rendimiento, puede suponer abandonar la noble idea de que se educa para que los ciudadanos sean cada vez más iguales.

A esto no faltará quienes me critiquen que la LOGSE intenta igualarlos por abajo. Y aquí conviene hablar de la culpa que todos tenemos porque la educación no sea la deseable. Con todas las prevenciones expuestas al Informe PISA, hay que reconocerle que dice algo que todos sabíamos: se lee poco y mal. De eso, y de todos los males posibles e imaginarios de la educación en España, se culpa a la LOGSE. Es algo tan repetido, especialmente por quienes jamás se han leído esa ley, que ya se da por verdad incuestionable. De nada sirve que esa “educación personalizada”, que es objetivo básico de la LOGSE, lo sea también de los países más avanzados. Ni que sea una evidencia estadística que la integración en la educación obligatoria de los que antes estaban fuera, baja el nivel medio de resultados (otra vez la palabra) pero, a su vez, extiende la educación a mucha más población.

También la inversión educativa ha estado por debajo de la de otros países con los que partíamos en gran desventaja. Ahora parece inconveniente hablar de la paupérrima herencia educativa que, sin embargo, aclara muchas cosas. Esta semana, en la exposición del Barroco un grupo de ancianitas, se supone que cultas, leían fatal pero en voz alta los distintos carteles explicativos; igual hacían padres cuarentones en la carpa del Neolítico. Ambas muestras de falta de educación, usando la palabra en sus dos sentidos, no pueden achacarse a una LOGSE que conocen de oídas. Una profesora de un centro concertado de Cádiz, activa militante contra esa ley que se supone debe cumplir, corrige con faltas de ortografía los dictados de sus alumnos y despacha la enseñanza de lo que no le da tiempo explicar con un “eso lo veis vosotros en casa”. Es decir, que os lo enseñe vuestros padres. Esos que han comprado una televisión para cada cuarto, no tienen un libro en casa y le reprochan a sus hijos que no lean nunca. Por la LOGSE.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 11 de diciembre de 2007

AGENDA CULTURAL DE LA UCA

Presenté en la recién estrenada Kursala de la Universidad de Cádiz mi último libro, Un Capital de Quince años: Agenda Cultural de la UCA que, esta vez, narra una historia real: los últimos quince años de actividades culturales organizadas por la Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz, a través de un instrumento modesto y de vida efímera como las distintas Agendas Culturales que, en estos años, han ido anunciando esa programación. Con dos recorridos, uno ideológico, entendido como organización de ideas, y otro sentimental, que recoge algunas de las vivencias personales de aquellos actos. No es una historia de la cultura en Cádiz en los últimos quince años, pero no podría entenderse ésta sin la aportación de la Universidad.
Como documento, dentro de las "Presentaciones" de este mismo blog, se puede leer la que hice en Cádiz sobre este libro. La Universidad pone a disposición de quien quiera leerlo el texto completo de este Capital de Quince años

DOS CONSTITUCIONES

Este jueves se cumplirán veintinueve años de la aprobación en referendum de la actual Constitución. Para celebrarlo, la asociación de vecinos “Cádiz Centro” ha editado un CD con los textos de esa Constitución y los de la gaditana de 1812. Está bien que esta iniciativa se dirija a los alumnos pero no estaría de más que esa sana pedagogía de comparar ambos textos también nos llegue a todos los demás. Porque parece oportuno que, en esto, no vaya a suceder que nos dejemos confundir por las voces de un mal entendido patriotismo local y vayamos ahora a reivindicar, como excelente, lo que no dejó de ser un buen primer paso. Puestas blanco sobre negro, nuestra querida Constitución de 1812 parece un borrador de democracia orgánica comparada con la que ahora nos rige. No es cuestión de que nadie se de golpes de pecho, sino de que antes se lea las dos. Los patriotas locales, siempre tan interesados en que pasemos por su caja electoral, podrán seguir haciendo pastelería industrial con su interpretación del Doce pero, hay que decirlo, las libertades allí eran muy poquitas comparadas con las de ahora. Estaría bien un poco de decencia histórica y que se dejaran de vendernos aquel liberalismo de pañales y elitista.

A estas alturas, no parece siquiera civilizado que, en la Constitución de 1812, se le negara la ciudadanía a todas las mujeres, o se la limitara a los españoles “originarios del África” que, a criterio de las Cortes, se la mereciesen. O que esos escasos derechos pudieran suspenderse por tener deudas, estar parado, trabajar de sirviente o por estar simplemente procesado, con lo que la simple acusación judicial ya valía para eliminar civilmente a alguien. Se habla del gran avance que supuso la libertad de imprenta, y es cierto. Como también lo fácil que cualquier denuncia por lo escrito acababa con el autor en la cárcel. Difícilmente podría defenderse ahora como libertad de expresión. Ni ese sistema de votos indirectos sucesivos que terminaban con la elección del preboste, liberal o conservador, que tenía el dinero suficiente para inscribirse. Sin entrar en más detalles, hecho de menos que quienes reivindican ahora aquella Constitución gaditana no aclaren que la suya es sólo una recuperación sentimental y no política. Sí habría, en cambio, que convertir en práctica política cotidiana su artículo trece: “el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política es el bienestar de los individuos que la componen”. Sólo ese fin. No se olvide.

Hay olvido, interesado también, en la celebración de la Constitución actual. Ha habido intentos de apropiación de lo que son, nada menos, que reglas de comportamiento común. Casi, de urbanidad. Baste recordar, el año pasado, cómo el equipo de gobierno popular en Cádiz no invitó a la oposición a los actos de celebración de ese día. Ahora, quienes dicen defender la Constitución hacen un expurgo selectivo de lo que les gusta y lo que no. Se celebra la Constitución pero, a la vez, se decide no renovar uno de sus órganos fundamentales, el Consejo del Poder Judicial, porque perderían la mayoría conservadora, aunque esa pérdida fuera decidida por las pasadas elecciones generales. O se recusan a jueces del Constitucional en base a informaciones que, cuando son desmentidas por los aludidos, se dice que son éstos los que mienten, creyendo antes al periódico afín que a los altos jueces que deben interpretar esa Constitución que, sin embargo, dicen seguir defendiendo. Ahora los populares proponen algunas reformes “limitadas”: un Tribunal Constitucional de jueces vitalicios y más mayores (aumentar la experiencia es subir también la edad), medio Consejo del Poder Judicial elegido por los propios jueces (como si sólo decidiese sobre asuntos internos suyos) y blindar competencias del Estado frente a las autonomías. En esta falta de memoria, se olvida que Alianza Popular, el partido que se refundó en el actual PP, votó en contra de esa Constitución porque no les gustó el Estado de las autonomías. Con estas reformas tan profundas, ¿no se está poniendo en duda toda la Carta Magna?. Un Poder Judicial menos participado por los ciudadanos y administraciones menos cercanas. Más parece una Contrarreforma.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 4 de diciembre de 2007

OBRAS FARAÓNICAS

Si bien es cierto que nunca llueve a gusto de todos, no conozco a ningún usuario de los transportes públicos de la Bahía que no se eche a temblar cuando caen dos gotas. Sin ir más lejos, el pasado martes los trenes de Cercanías acumulaban más de una hora de retraso en la hora punta de la salida de los trabajos y el regreso de los estudiantes, cuando cientos de personas se hacinaban en el nuevo apeadero provisional de San Fernando, antes Estación Central. En ese tiempo nadie consideró dar explicaciones por megafonía. Puesta en servicio unos días antes, la obra de ingeniería sólo ha previsto un par de marquesinas, ambas sin protectores laterales. De considerable extensión, buena parte de la misma transcurre paralela a la autovía, a mayor altura que ésta pero separada sólo por una simple valla metálica. A pesar de tanto espacio abierto, nadie ha pensado en instalar pantallas para proteger a los usuarios del viento racheado. En un día normal de invierno, te hielas. Pero, a veces, incluso en esta tierra, llueve. Una hora bajo la lluvia enfría al más entusiasta defensor de los transportes públicos. Da igual. Como se dice que este apeadero estará en uso provisional aproximadamente un año, ese es el tiempo mínimo que toca aguantarse.

La nueva estación, Bahía Sur-San Fernando, no es más cómoda ni protege más. No dudo que su diseño impacta. Como escultura me parece grande, con esa exagerada alegoría marinera de los techos de ola que, aunque suficientemente revisitada ya, no deja de identificarnos como destino costero. Es lo que vendemos, ¿no?. Los viajeros de los trenes podrán apreciar su verbosidad mientras intentan localizar una de las dos paradas de taxis, invisibles desde las alturas a las que el impredecible diseño nos hace subir para después bajarnos a la tierra. Los trenes de largo y medio recorrido paran únicamente en esta estación desde finales de septiembre, pero aún se mantiene la taquilla provisional abajo, junto a la calle Ferrocarril, compartiendo la misma persona esas tareas con la atención del bar, lo que sin duda redunda en el buen servicio prestado. Sacar un billete, acertar con la vía por la que entra o sale el tren, subir o bajar por la escalera mecánica correcta, deshacer el camino, arriba y abajo otra vez, cuando por megafonía se anuncie la inminente llegada del tren que esperábamos en la vía equivocada, son otros incentivos de aventura para usar esta estación. Si, naturalmente por nuestra culpa, lo perdemos, se puede esperar a la intemperie el próximo, en los bajos abiertos a las tempestades del muy moderno edificio, porque tampoco aquí se han previsto protecciones contra el mal tiempo. El habitáculo de arriba, donde estarán las taquillas, con dos únicos bancos, parece insuficiente para el servicio que se espera.

Parece como si en los concursos de obras públicas primara más lo aparatoso que lo útil. Ya se vio en las pirámides que en Cádiz usamos como apeaderos sobre el soterramiento. Aquí, los grandes espacios están arriba, que son lugares de paso como bien indica que no haya un solo banco para sentarse. Abajo, a pie de tren, más que goteras hay auténticas cataratas, que se mantienen desde la inauguración, probablemente por motivos ornamentales. Lo que me extraña es la indolencia con la que se considera todo esto inevitable.

En este panorama desolador para el transporte público, se escuchan algunas propuestas igualmente voluminosas para aumentar el tráfico, principalmente privado: un túnel bajo la Bahía y una carretera a Santi Petri por la costa. No oigo voces que se opongan a ambas barbaridades. Ya es suficiente impacto el segundo puente, asumido por necesario, como para escarbar en las profundidades de la Bahía para duplicar un servicio que debe cubrir ese nuevo acceso. El debate entre puente y túnel ya se resolvió y reabrirlo ahora es ignorar que el presupuesto es finito. Trazar una línea recta que, con la carretera, parta en dos los mejores espacios del Parque es seguir negándole el valor de monumento natural que tiene. Pero ya habrá quien se enganche a impulsar esos proyectos que tienen la virtud de su tamaño. A ver cuándo nos dedicamos al presente.

Artículo publicado en "La voz de Cádiz" el 27 de noviembre de 2007

EQUIPAMIENTOS DE BARRIO

La noticia volvía a surgir, casi oculta, esta semana: la Asociación de Vecinos Tres Torres, del barrio Santa María de Cádiz, se niega a que el Ayuntamiento cree una biblioteca en su barrio. Dicho así, para quien no conozca más de esa historia, podría parecer una barbaridad, pero no lo es. Les sobra razón para decir que ese equipamiento es innecesario, porque ya existe. En noviembre de 2006, la Oficina de Rehabilitación del Casco antiguo, de la Junta de Andalucía, inauguró allí la biblioteca “Fermín Salvochea”, en los bajos de un inmueble del siglo XIX de la calle Suárez de Salazar, restaurado completamente por esa Oficina. Desde entonces funciona exitosamente como biblioteca, lugar de acceso público a Internet y sala de estudios para jóvenes que, muchas veces, no tienen un espacio diferenciado para ello en sus propias casas. Su servicio, que sin duda es imprescindible, parece que cubre las necesidades de un barrio no muy grande de extensión y con una población de unas cuatro mil personas. Sobre todo porque con recursos limitados y pocos espacios públicos, hay que saber aprovecharlos y sacarles el mayor beneficio.

En el barrio Santa María no existe ni una cabina telefónica ni un cajero automático, a pesar de que el barrio apuesta por convertirse en un referente turístico de la ciudad. El único policía municipal de barrio debe compatibilizar su trabajo con lo que le surja en el Ayuntamiento. Tampoco existe una plaza con bancos públicos para sentarse. En esas condiciones, parece evidente que hacen falta muchas otras cosas antes que una segunda biblioteca. Pero el Ayuntamiento opta por repetir este equipamiento por una razón política y otra de prestigio mal entendido.

La política de rehabilitación municipal hace un cierto seguimiento de las iniciativas autonómicas, copiándole ideas como la instalación de ascensores o los equipamientos sociales o comerciales en los bajos de edificios rehabilitados. Entra, así, en una competencia política con la Junta de la que termina beneficiándose la ciudad. Y, políticamente, la alcaldesa, al mantener la confusión sobre la autoría de todo lo que se haga, aunque sea con una enorme diferencia presupuestaria a favor de la Junta. Pero aquél beneficio se pierde si se lleva la competición al disparate de duplicar, en el mismo espacio, proyectos iguales. Hay, en este caso concreto, además, una idea restrictiva de la cultura, donde parece que la necesidad de leer es más “prestigiosa” que otras necesidades de desarrollo de las personas, entre las que se incluyen aspectos tan importantes como la sociabilidad y la propia forma física. Así, la Asociación de Vecinos ha pedido, en lugar de la nueva biblioteca, un Centro Cívico multiusos que permita clases de actividades deportivas, especialmente para mayores. Y éstos, a través de la iniciativa de algunos de los usuarios de su Centro de la calle Botica, han recogido más de tres mil firmas para que ése sea el uso final del local.

Que no se les haga caso supondría un claro despilfarro económico, de medios y de espacios, en una ciudad que no los tiene. Y, lo que es peor, ahora que se mira tanto al pasado glorioso de la ciudad, una práctica política propia de los tiempos del Despotismo Ilustrado, donde los dirigentes decidían lo que era mejor para el desarrollo del pueblo sin contar con los deseos de éste. Ahora, para su bien, otra biblioteca. La Ley de Bases de Régimen Local, define a los municipios como “cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos”. Esa participación sigue siendo una asignatura pendiente de este Ayuntamiento, con años de retraso en la elaboración de un nuevo Reglamento que la posibilite. Tampoco debería desoír a los vecinos que, al asociarse, ya manifiestan su voluntad decidida de intervenir en la política local, que no debe concebirse como un coto exclusivo. Al contrario. El modelo que se propone, el de Centros Cívicos con actividades deportivas integradas, ya existe en Vitoria. Entre sus objetivos, además de agrupar en una misma unidad diversas actividades y descentralizar los servicios municipales acercándolos al ciudadano, busca impulsar la participación entre asociaciones, grupos y personas para “recoger las demandas y acoger las iniciativas de los mismos”. Hacernos caso, en suma.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 20 de noviembre de 2007

UNA CIUDAD LIMPIA

Pendiente sólo de su publicación en el Boletín de la Provincia, próximamente entrará en vigor la nueva Ordenanza de Limpieza y Recogida de Residuos Urbanos de Cádiz. Naturalmente, no podemos más que sumarnos a la intención general de que toda la ciudad mejore su limpieza. Y mejor sin caer en la tan frecuente adulación populista, porque buena parte de la culpa de que esta ciudad esté sucia es de los que viven en ella y han hecho costumbres locales, que nadie les reprocha, desde tirar un papel o una colilla al suelo hasta sacar la basura o los muebles viejos a la calle cuando les parece. En ese panorama que nadie se extrañe si quienes nos visitan ensucian, en lo que pueden, lo mismo. Hacen lo que ven.

Alguien tendrá que explicarme cómo conviven, incluso en la misma persona, esa indolencia absoluta con el estado de revista de esta ciudad con una exacerbada defensa de Cádiz como la mejor del mundo, incluyendo la más hermosa. Como si esa bendición les viniera ya otorgada y el asunto no fuera con ellos. Sólo cuando se consiga una implicación “personal” de los gaditanos en la defensa de su ciudad, lo que incluye mejorar su presencia, podrá afrontar su crecimiento. Eso se consigue sólo con educación pero, mientras, hay que frenar el descontrol con sanciones. Son necesarias en la medida que mejoran la convivencia. Y ahí las defiendo, rotundamente. Como en la limpieza de solares, por ejemplo. Cuando no la mejoran, no. Si bien la mayoría de las normas de esta Ordenanza me parecen imprescindibles, otras me parecen muy mejorables, o porque no contribuyen a esa convivencia o porque llegan a la sanción sin suficiente información previa.

Se intenta dar por ya establecido un sistema de separación de residuos, y a partir de ahí se sanciona su incumplimiento, cuando no tenemos un solo dato municipal que diga en qué porcentaje real se separan las basuras domésticas. Por edades, por barrios, por nivel de estudios. Sin ese dato, no sabemos si hay un problema de desconocimiento, que habría que resolver, o de desgana. Entre los miles de folletos municipales, alguno debería explicar bien esa separación: es normal ver aún a bienintencionados que tiran los periódicos en el contenedor de papel correcto pero en bolsas de plástico, o los que reciclan las botellas con sus tapones. ¿Dónde se tira algo tan común como el aceite de cocinar, si está prohibido hacerlo en la basura o por el desagüe?. La limitación de horario para sacar la basura, ¿incluye también la que no es orgánica y, por lo tanto, no se descompone?. Porque no parece que las once de la noche sea un horario muy europeo para estar rompiendo vidrios en el contenedor, cambiando suciedad por ruido.

Me preocupa que la libre voluntad de tener macetas en los balcones dependa, ahora, de que el vecino de abajo no se sienta molestado con su riego. Porque obligar a que no caiga agua mientras se riega es no haberlo hecho nunca. (Por cierto, ¿pueden molestarse los vecinos que instalaron un cierre ilegal en el balcón, prohibido por una vieja ordenanza que no cumple nadie, si el agua moja sus cristales?). Mejor solución me parecía, cómo hasta ahora, imponer un horario de riego, si se quiere riguroso, para minimizar las molestias.

Muy preocupante me parece esa petición de fianza, que cubra los previsibles gastos de limpieza, para los organizadores de actos públicos: mítines, fiestas o celebraciones religiosas. Parece claramente inconstitucional limitar los derechos fundamentales de reunión o manifestación a quienes no tengan medios económicos para pagar esa fianza. Pienso en colectivos sociales muy críticos con el Ayuntamiento. Esas manifestaciones también se podrían penalizar, a posteriori, por la vía de la supuesta falta de limpieza, pues la valoración del estado en que quede la calle la hace el propio Ayuntamiento. Con la letra de la Ordenanza, ¿se va a obligar a la Iglesia a pagar la limpieza de la cera pegada al suelo tras las procesiones?. También en León una Ordenanza municipal prohibió el reparto de octavillas y otra en Valladolid pegar carteles y colgar pancartas. Ambas recurridas por limitar libertades. No confundamos.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 14 de noviembre de 2007

TIRAR EL EDIFICIO DE LA ADUANA

A la vista de la presencia en la prensa de los defensores de mantener el edificio de la actual Aduana, parece como si no existieran partidarios de su demolición porque, una vez que se ha llevado la polémica a una cuestión emocional, la de van a tirar "algo nuestro", son pocos los que se pronuncian contra ese sentimiento. No creo que aquí se dilucide un enfrentamiento entre partidarios de defender nuestro patrimonio contra quienes quieren destruirlo, sino distintos modelos de ciudad. O, si se quiere ser más modestamente exactos, modelos de urbanizar la entrada y salida marítima de la ciudad. Desde el respeto que me merecen quienes han sido capaces de organizar su opinión, introduciendo una activación del debate ciudadano que tanta falta hace en Cádiz, creo que es mejor tirar ese edificio. Se trata de elegir qué valor es más importante y qué ciudad preferimos. Por la misma razón, salvando las distancias artísticas, en Cádiz se han tirado edificios del caserío antiguo para descubrir el lienzo de la muralla árabe o el Teatro romano, sin que esos derribos fueran considerados un crimen contra el patrimonio.

El edificio de la Aduana no está catalogado con ninguna protección. Incluso sus defensores se refieren al mismo con términos tan artísticamente subjetivos como elegante, armónico o evocador, además de noble en sus materiales, que ya dan medida de lo limitado de su defensa. Ni siquiera es especialmente original, pues su fachada copia, con alguna adaptación "gaditana", la de la Aduana vieja de Bilbao, sólo que ésta es de la segunda mitad del siglo XVIII, y ya han construido allí una nueva, con diez mil m2 de espacio propio en los muelles.

El edificio oculta, desde que se inauguró en 1959, la fachada antigua de la estación de trenes, con más de cien años y no menos patrimonio emocional de los gaditanos. También la Catedral Nueva estaba tapada por innumerables casas y se derribaron, en el siglo XIX, manzanas enteras para dar esplendor a su vista. O se recuerda cómo la alcaldía de Carlos Díaz consiguió eliminar el horrendo aparcamiento en el frontal de esa Catedral para hacerla peatonal y obtener la actual plaza que le da la grandeza que merece, a semejanza de los zócalos o plazas abiertas americanas, con cuyas catedrales se relaciona la arquitectura de la nuestra. Esa plaza no era históricamente así pero los derribos terminaron de darle su sentido.

El proyecto de reurbanización de la plaza Sevilla, una vez desechados los pisos previstos en principio e incluida una estación de autobuses, pretende convertirse en la puerta de las comunicaciones de la ciudad. Una puerta que, por su historia, quiere mirar de frente al mar. Es ese concepto de apertura, abstracto pero íntimamente unido a nuestra historia, lo que simboliza esa gran plaza abierta que despejan el muelle, la estación y las murallas. Un espacio abierto entorpecido por un edificio de cuestionable mérito. Naturalmente, es difícil cuantificar los beneficios de esa apertura.

Sorprende que tres de las seis razones del Manifiesto en Defensa de la Aduana, se refieran al hotel que va a construirse sobre la estación, al que se califica de "feo y despersonalizado". Sobre su altura y estilo, se olvida que esa plaza debe ser zona de transición entre el casco antiguo y Extramuros, y por tanto admisible (y creo que necesaria) cierta innovación arquitectónica. Es esto lo que parece rechazarse, porque se da la alternativa de convertir la Aduana en "hotel singular" en sustitución del nuevo, lo que, por otra parte, anula el argumento del gasto que se ahorraría en trasladar las dependencias de los servicios de aduanas necesitados, en ese caso, también de un nuevo edificio.

Al final, como vemos, parece que el debate se reduce a una cuestión de gustos y de cercanía emocional al edificio. A mí, el edificio no me gusta por grandilocuente y falsario y, emocionalmente, estoy más cerca de la vieja estación, aunque su fachada sea pequeña y modesta, por lo que la llegada del tren supuso, en su momento, para esta ciudad. Ahora, que es tan necesario revitalizarla, me gustaría que volviera a verse así de diáfana.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 6 de noviembre de 2007

DETALLES DE UN FRACASO

Sólo como un fracaso puede calificarse que el Oratorio San Felipe no vaya a ser la sede del que debía convertirse en principal referente externo de lo que se celebra en el 2012, el primer triunfo del constitucionalismo democrático frente al absolutismo. Como muy bien decía el profesor Romero Ferrer este mismo sábado, aquí en LA VOZ, la importancia del Oratorio es “la singularidad simbólica que posee, como la caja de la Constitución de 1812 y el origen de la Nación moderna que llamamos España”. Los símbolos representan una realidad porque socialmente se asocian a ella, de manera que su simple mención o imagen ya nos conduce a lo que representan. A todos nos debió mover la importancia general sobre la particular, lo que de símbolo común supone el Oratorio para todo el país y buena parte de Latinoamérica antes que su simbolismo religioso o localista. No ha sido así. Y eso tiene varios culpables, con distintos niveles de responsabilidad.

Existe en la ciudad, a qué negarlo, una corriente de opinión, con los mismos nombres, que tiende a oponerse a todo lo que supongan cambios en la misma, desde el color de los edificios al derribo de alguno de ellos. Es decir, por definición, una corriente de opinión conservadora. En el caso del Oratorio tuvieron una presencia activa en los medios, con sus argumentos, que no fueron suficientemente contestados con la importancia que para la proyección de la ciudad hubiera tenido ese uso civil de la antigua sede parlamentaria. Ha sido el principal error de la Junta de Andalucía como promotora de la idea. El anteproyecto del “Memorial de las Libertades. Fundación Cortes de Cádiz”, anunciado en noviembre de 2006 en la web de Universia sobre el Bicentenario, plantea intervenciones en el ámbito patrimonial y museístico, con reordenación de los fondos existentes bajo un tono pedagógico; busca una recuperación del patrimonio documental de las Cortes disperso por todo el mundo; anuncia una sede en Cádiz de la Universidad Internacional de Andalucía y propone crear un Observatorio sobre las garantías de los derechos civiles y políticos y los avances de las sociedades democráticas. Estos son objetivos distintos que los que, también importantes, se plantea la Fundación del Centro de Estudios Constitucionales, cuya existencia previa en Cádiz se ha usado para defender la inutilidad del proyecto de la Junta. Como si ambos fueran incompatibles en lugar de complementarios. Pero esta dimensión ambiciosa del proyecto ha sido, ciertamente, mal “vendida” a la opinión pública. Como que el Delegado del Gobierno de la Junta diga, ahora, que se abandona esa localización porque un estudio ha descubierto que allí no se pueden instalar oficinas, lo que transmite la idea de que el proyecto está poco elaborado, en vez de poco conocido, algo enseguida aprovechado por sus adversarios.

En el proceso de negociación entre la Iglesia y la Junta, muy condicionados ambos por cómo iba reaccionando a cada decisión esa corriente de opinión conservadora, se han ido haciendo distintas cesiones. En cada etapa, la alcaldesa Martínez se ha alineado con esa corriente, aunque ahora se declare poco menos que ajena a las dificultades que se le han ido planteando al proyecto. En septiembre de 2006, Martínez decía que la Iglesia debía mantener el templo porque no era propicio para la investigación, ofreciéndose a su rehabilitación para que siguiera dedicado al culto. En ese noviembre, se declaraba en contra de desacralizar el templo: “como católica, gaditana y alcaldesa entiendo que sería una traición a la historia de la ciudad”. En el Pleno de ese diciembre, dijo no confiar en que la Junta no terminara clausurando el colegio San Felipe, a pesar de que un mes antes ya se había comprometido a mantenerlo el Delegado de Educación, compromiso reafirmado un día antes de ese mismo Pleno. En enero de 2007 valoraba como “positivo” la desacralización y, unos días más tarde, tras el preacuerdo para la cesión, ya en esas condiciones, se lamentaba de la situación en que quedaba entonces la Hermandad de las Aguas. Eso se llama colaborar. Ahora, perdido el símbolo, sólo nos queda que, para que el fracaso no sea definitivo, no se abandone también el resto del proyecto.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 30 de octubre de 2007

ROMPER LA MANCOMUNIDAD

Con la gravedad que merece hay que recibir el anuncio de que los Ayuntamientos de la Bahía gobernados por el Partido Popular están pensándose salir de la Mancomunidad y crear un órgano paralelo. La salida, la semana pasada, de cuatro municipios populares del Foro Municipal Costero es la segunda señal, después de no llegar siquiera a asistir a la constitución de la propia Mancomunidad, el pasado julio, de un peligroso y costosísimo abandono de las instituciones cuando éstas parecen no favorecerles.

El Foro Municipal Costero es un órgano de encuentro entre la Demarcación de Costas y los municipios del litoral gaditano para conocer la opinión de éstos en la planificación y gestión de las playas. No decide nada porque eso es competencia exclusiva del Estado, que es quien “regula la utilización racional de los bienes de dominio público marítimo-terrestre”, según la Ley de Costas, que específicamente incluye ahí a todas las playas. Los Ayuntamientos populares protestan porque no les dejan decidir sobre algo en lo que no pueden decidir. Y, para eso, reclaman entrar en otro órgano que tampoco puede decidir, el Consejo Provincial de Playas, que es “consultivo y de asesoramiento”. Ahí, junto al Estado (Costas), y con esa exclusiva función, están representantes de la Junta (Turismo y Medio Ambiente) y de la Administración Local, a través del Patronato de Turismo de Diputación y de las Mancomunidades. Los Ayuntamientos populares dicen que no se sienten representados por éstas últimas “porque están en manos socialistas”, como si la legitimidad de las instituciones dependiera sólo de que gobiernen los propios. En declaraciones del Jefe de la Demarcación de Costas a LA VOZ, en diciembre de 2006, ya decía que ese Consejo no pisaría las funciones de los Ayuntamientos, que seguirían elaborando los planes especiales para preservar la costa, mientras el Consejo se limitaría a informar y asesorar sobre esos planes a la Demarcación, que es quien debe finalmente aprobarlos. No es cierto que el Consejo apruebe nada, pues sigue siendo competencia estatal. Así que salir de un órgano consultivo para exigir entrar en otro tan consultivo como el que se abandona, no deja de ser una escenificación hueca que debe buscar algo distinto a lo que dice.

Eso nos lleva al problema de fondo: la propia existencia de la Mancomunidad, cuestionada en su legitimidad y representatividad. Creada en 1990 y ampliada a Jerez y Rota en 1997, sus primeros Estatutos, de 1996, fueron modificados en noviembre de 2005. En ambos se dice, claramente, que “el alto gobierno y la alta dirección de la Mancomunidad” corresponde a la Junta General, órgano formado por todos los alcaldes y siete concejales de cada municipio, respetando la proporcionalidad existente entre los grupos políticos. Eso presupone, como en cualquier órgano democrático, mayorías políticas que cambian con los resultados de las elecciones municipales. Si hoy existe una mayoría socialista es porque este partido obtuvo en los municipios mancomunados casi ocho mil votos más que los populares. En los Estatutos en vigor, se crea la Junta de Gobierno, donde están el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario y todos los alcaldes, con unas funciones importantes pero delimitadas. También son muy claros cuando dicen que el Presidente se elige, “de entre sus miembros”, por la Junta General. Cualquiera de ellos. Esos Estatutos fueron aprobados en Pleno por todos los municipios, incluidos los que ahora dicen no sentirse representados. Decir ahora que la institución les quita competencias, que deben tener más poder los alcaldes o que debe ser uno de ellos quien presida la institución supone, sencillamente, cambiar las reglas que ellos mismos se han dado, porque no se olvide que una Mancomunidad es una asociación voluntaria de municipios y que no tiene más competencias que las que los mismos Ayuntamientos les hayan cedido. Solicitar estos cambios podría ser legítimo si se utilizan los mecanismos de modificación de Estatutos previstos en el mismo: acuerdo de la Junta General ratificado por mayoría absoluta de todos y cada uno de los Ayuntamientos. Parece más fácil abandonar la Mancomunidad, para lo que basta la mayoría absoluta de ese Ayuntamiento, aunque eso deje sin sus servicios a miles de ciudadanos. O querer imponer esos cambios con la amenaza. De miedo.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 23 de octubre de 2007