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Los Peligros |
Artículos, relatos, quejas, comentarios y advertencias, no necesariamente moralizantes, del escritor Manuel Ruiz Torres. | ![]() |
VIVIENDAS VACÍAS
Para empezar, no me explico cómo se puede hacer un cálculo sobre algo que no se sabe bien qué es. Sin que exista una definición previa de lo que es una vivienda vacía, alguien nos dice que las ha contado y que en España son tres millones, de las que cinco mil están en Cádiz. Aún como estimación me parece peligrosa. Según lo que se entienda por vacía, podrán ser muchas más o muchas menos. Y cualquier análisis, denuncia o propuesta que parta de datos tan movedizos más parece un brindis demagógico de cara a la galería que un intento de solucionar el problema de la vivienda. Comiencen por los cimientos y definan lo que es una vivienda vacía. No lo tengo claro. Tampoco los dos grupos políticos mayoritarios. Los populares prefirieron no resolverlo con rango de ley, cuando introdujeron el recargo del IBI a esas viviendas al regular las Haciendas Locales, dejando ese asunto para más adelante al definirlas como las que hayan de “cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente”. O sea, que ya se verá. Algo que los socialistas no han aclarado en lo que va de legislatura. El asunto no es sencillo porque afecta a derechos fundamentales: propiedad, intimidad, vivienda. La propiedad está limitada constitucionalmente por la función social, pero no hay ninguna norma que prohíba, o limite, la adquisición de viviendas, ni el uso que, en libertad, cada uno quiera darle. Parece que se generaliza la opinión de que las segundas residencias, aunque se usen sólo algunas semanas del año, deban considerarse también vivienda habitual y no se penalicen. Esta fantasía colectiva de la doble vivienda, para muchos un auténtico objetivo vital y medida de autorrealización, parece inatacable. Pero con la misma lógica (o falta de ella) por qué no también las terceras y sucesivas viviendas. Entre los usos permitidos está la especulación. Moralmente reprobable pero legal. Quien compra para revender más caro. No siempre grandes fortunas sino muchas veces economías medias que, incluso, se hipotecan para asegurarse una ganancia futura con una o dos casas. He escuchado motivaciones como poder pagar los estudios de los hijos o afrontar una grave enfermedad. Son su seguro. Aunque se recargue el IBI de estas viviendas no van a destinarse a alquiler porque cualquiera sabe que la futura venta va a resarcir, con creces, esos recargos. Sí podría afectar a esos medianos especuladores, en alguna medida “aficionados” que, ante la presión, se decidan por vender antes. De estos, poco amantes del riesgo, serían pocos los que asuman alquilar sus viviendas perdiendo capacidad de colocarlas cuando lo necesiten. Se conseguiría que el mercado de la especulación se concentrara en las grandes fortunas, que pueden permitirse el tenerlas inmovilizadas. Y pagar, lógicamente, ese recargo. El censo de viviendas afecta también a la intimidad. Se baraja usar la información de los recibos de luz o agua, algo que ya intentó la Secretaría de Vivienda de Cataluña sin éxito porque “no se pueden facilitar de forma genérica”. Esos datos informan sobre costumbres muy personales. ¿Está legitimado un Ayuntamiento a conocer que determinado vecino no pone la calefacción en invierno o que, con esos consumos, no se lava nunca?. Nada le obliga, afortunadamente, a que no consuma la luz o el agua que quiera, aunque no llegue a lo que el municipio considera mínimo. La intimidad es intocable. Y, en fin, afecta al derecho a la vivienda. Se trata de garantizar este derecho. Y aquí habría que diferenciar entre viviendas protegidas y libres. Se le dé libertad a las que no recibieron ayudas públicas y, a la vez, se favorezca el alquiler, no tanto penalizando las que estén, supuestamente, vacías, sino premiando las que entren en el mercado. Incluso con cambios en la legislación estatal para que las ayudas de Autonomías, como la andaluza, que han preferido el premio al recargo, no se queden cortas. Con las viviendas protegidas, en cambio, hay que aumentar el rigor y las exigencias de cumplir las condiciones en que se entregan. Hasta el desalojo. Hay que intervenir en el mercado, aumentando la oferta de vivienda pública, para que el mismo mercado baje precios. Con sus reglas. Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 30 de enero de 2007 20:52 | ruiztorres | 2 Comentarios | #
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