Los Peligros
Artículos, relatos, quejas, comentarios y advertencias, no necesariamente moralizantes, del escritor Manuel Ruiz Torres.

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MAS FOCOS SOBRE LA ZONA FRANCA


Empezó el nuevo curso en la política municipal como acabó el pasado, con el inevitable cansino cruce de acusaciones y el mismo gusto de algunos por embrollar los asuntos que les perjudiquen, hasta hacerlos tan enredosos que aburran a la gente. Se le han dado tantas vueltas al caso Zona Franca que ya más parece una clase teórica de ingeniería financiera abstracta que lo que verdaderamente es: una más que probable estafa cometida (ya dirá la justicia por quién) ante la negligencia de quienes debían vigilar por custodiar esos fondos públicos. La presentación, en esta semana, del anteproyecto del informe de fiscalización de lo que ocurrió en la Zona Franca entre el 2000 y el 2004, arroja algo de luz al asunto. Visto con las debidas precauciones ante algo todavía provisional y, por lo mismo, susceptible de ser modificado con las alegaciones de las partes, sí podemos formarnos una opinión sobre algunas cosas.
Pero antes analicemos alguna reacción al informe. El concejal y consejero popular en el Consorcio, Romaní, ha denunciado que, por parte de la Zona Franca, “no se había aportado toda la documentación” a los inspectores, ocultándose documentos que considera fundamentales para cambiar sus conclusiones sobre el caso. Como se acusa, sin prueba alguna, de “oscurantista” a esta supuesta ocultación interesada, se está insinuando nada menos que un delito. Sorprende esta ligereza. En la propia ley orgánica del Tribunal de Cuentas ya se dice que las entidades inspeccionadas “estarán obligadas a suministrarle cuantos datos, estados, documentos, antecedentes o informes solicite”. Como es natural en cualquier inspección, no se deja a la voluntad del inspeccionado la presentación de documentación sino que es el Tribunal quien los pide. La falta de colaboración con el Tribunal es sancionada, incluso penalmente, y se debe incluir en el informe. Como no hay una sola palabra en el anteproyecto de informe que denuncie esa no colaboración, debemos entender que la acusación es infundada. Otra cosa es que el inspeccionado considere que alguna documentación no pedida le pueda ser favorable, para lo que existe, según la ley de funcionamiento del Tribunal, un periodo de alegaciones, que es el que ahora empieza. El anterior Delegado, Osuna, ya ha manifestado que va a solicitar esos documentos. Está en su derecho. ¿Dónde está el oscurantismo?. ¿En una denuncia que no conoce, u oculta, cómo funciona la inspección?.
Algunas cosas empiezan a aclararse con este avance de la inspección.
Incluso positivas. Es justo reconocerle a Osuna las reducciones de gastos, especialmente los suntuosos, y un mayor control de las contrataciones con respecto al sultanato de su antecesor, que puso el listón bien suntuoso. Pero también que un organismo independiente y del prestigio del Tribunal ve indicios de un posible delito societario en su gestión. Con la absoluta presunción de inocencia que nos merece el señor Osuna, esos indicios deben ser investigados, lo que justifica que fueran, en su momento, llevados a un tribunal y que éste le imputara. Con este anteproyecto de informe quedan ahora en evidencia quienes criticaron esa denuncia como puramente política.
Se concreta también la responsabilidad política de la alcaldesa y presidenta del Consorcio, Teófila Martínez. Ella impulsó a su antiguo asesor, Rodríguez de Castro, al puesto de Delegado, incluso frente a la candidatura de Antonio Grimaldi, refrendado por todos los órganos de su partido, pero no nombrado por el ministro Rato. Ya hemos defendido aquí mismo que, como presidenta, carece de competencias en la gestión y no es responsable personal del presunto fraude. Pero hizo un mal servicio a la ciudad eligiendo mal a quien debía manejar fondos tan importantes para su desarrollo. Ahora, por lo que avanza la inspección del Tribunal de Cuentas, sabemos también que se hicieron operaciones de espaldas al Pleno que ella dirige. Un Pleno, según los estatutos del Consorcio, encargado de fiscalizar todos los actos del Comité Ejecutivo. No se hizo. Como, por los mismos estatutos, la presidenta es quien determina los asuntos que han de llevarse a sus Juntas, es responsable política de lo que el Pleno, debiendo hacer, no hizo.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 5 de Septiembre de 2006

19:49 | ruiztorres | 1 Comentarios | #

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Comentarios

1
De: mariela Fecha: 2006-11-04 14:41

deberian temer un poco mas la informacion actualizada y un modelo de informe como te piden en la escuela



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