Los Peligros
Artículos, relatos, quejas, comentarios y advertencias, no necesariamente moralizantes, del escritor Manuel Ruiz Torres.

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LA URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE SEVILLA

Lo más sorprendente de toda la polémica sobre la urbanización de los alrededores de la estación central de trenes en Cádiz es que se pueda discutir sobre la legalidad o no del proyecto. En cualquier otro campo jurídico debe estar claro lo que está prescrito por ley y lo que supone cumplir o no cumplir esa ley. Si no fuera así, estaríamos sometidos a una permanente indefensión por la que se nos podría acusar hoy de algo que ayer estaba bien, o recibir impunemente un daño sólo porque el agresor no lo considera tal. La legislación sobre urbanismo parece que permitiera esa indefensión. De hecho, no recuerdo ninguna otra norma que incluya, en el mismo texto, junto a una exhaustiva regulación de situaciones a disciplinar, la posibilidad de perdonar legalmente todas las infracciones que se cometan. Basta una modificación del PGOU. En la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA, se regula expresamente la densidad y edificabilidad permitida, así como las reservas que deben cederse para dotaciones para equipamientos pero, en el mismo artículo, ya habla de eximir parcialmente de su cumplimiento a sectores de suelo o, más adelante, de admitir actuaciones irregulares que el PGOU declare expresamente compatibles. Con esta base se han legalizado miles de viviendas ilegales y, lo que es peor, se transmite una sensación de impunidad que será difícil de cortar. Se llega a situaciones tan esperpénticas como que los infractores proclamen como una injusticia, un agravio comparativo, que se les sancione como ordena la ley, con el derribo de la casa. Cuentan, según las encuestas, con la comprensión de la mayoría de los ciudadanos, que condenan las infracciones pero no son partidarios de la mano dura. En este contexto legal y social tan laxo se produce el debate político sobre la urbanización de la plaza Sevilla.
No seré yo quien sentencie la legalidad o no de ese proyecto, sobre el que tendrá que pronunciarse definitivamente el Consejo Consultivo, pero permítanme algunas reflexiones. El reparto de competencias es claro: el Ayuntamiento elabora ese Plan y la Junta, dentro de sus labores de policía urbanística, vigila que cumpla la normativa. No tiene sentido, pues, cuestionar como meramente política la intervención de la Junta, cuando ésta está obligada a advertir y corregir las ilegalidades que aprecie. Otra cosa es que se piense que no siempre es tan diligente, pero ninguna administración debería reprocharle a otra que cumpla con su deber. No debería invocar el agravio comparativo para no cumplir sus propias obligaciones. En el proyecto hay intervenciones que, objetivamente, ahora mismo no cumplen normas de ordenamiento. Con independencia de que puedan ser subsanadas luego, o no. Es un hecho que se cambia el uso del suelo de usos terciarios a residenciales y que las edificaciones propuestas no garantizan la vista de la Cuesta de las Calesas y la del barrio Santa María desde el mar, protegidas por el PGOU. Es un hecho que los pisos que se propone construir son de renta libre, sin que exista la reserva de un 30 % “de los nuevos suelos residenciales” para vivienda protegida, como ordena la LOUA. Interpretar esos “nuevos suelos” como los que se producen en todo el municipio y no en la zona concreta, lo que permite contabilizar aquí las promociones de Puntales, más parece un estiramiento interesado de la legalidad que su aplicación literal. Una opción, en todo caso, que no favorece ni la cohesión ni la integración social de los gaditanos. Es un hecho que las viviendas no cumplen la zona de afección ferroviaria, que obligan a construir a más de 25 metros de las vías, como también es verdad que, por la misma norma, el Ministerio de Transportes puede reducir esa distancia si lo estima necesario. Es un hecho también que RENFE sólo entra en la operación porque le reporta beneficios, no por amor a la ciudad. Es un hecho bárbaro, en fin, que bloques de ocho plantas junto al casco histórico suponen una brutal agresión contra su paisaje. Un rompecabezas que, por interesarle a todos, terminará encajando en la legalidad. Con calzador.

Artículo publicado en "La Voz de Cádiz" el 18 de octubre de 2005

19:55 | ruiztorres | 0 Comentarios | #

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